El impulso de nueve ciudades a las querellas contra las atrocidades de
la dictadura confirma la inutilidad de los esfuerzos del Estado por
ignorarlas o condenarlas al olvido. Porque la memoria no puede ni debe
prescribir.
la celebración hoy en
Pamplona-Iruña de una conferencia con delegaciones de Vitoria-Gasteiz,
Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Valencia, Cádiz y Rivas para
coordinar las querellas contra los crímenes el franquismo que se están
investigando constituye la prueba efectiva de la inutilidad de los
esfuerzos desplegados en el Estado español para tratar de dejar en el
abyecto olvido los desmanes de la dictadura golpista. No se trata
únicamente de la supuesta caducidad de las atrocidades franquistas, que
responden a la definición de lesa humanidad especificada en el Estatuto
de Roma -que el Estado español ratificó y en vigor hace ya 14 años- y
del que se desprenden las actuaciones de la Corte Penal Internacional,
sino también de la incapacidad para anular de forma infame la memoria de
las víctimas y sus familias. Allegados que hacen lógica causa del
principio básico de que la exigencia de justicia universal no puede
estar ceñida a plazos con el apoyo de la mayoría social, explicitada a
través de sus representantes políticos.
Si hace apenas unos días los
jueces recordaban a la Fiscalía General del Estado que no es competente
para decidir sobre la toma de declaración de los querellantes en el
procedimiento abierto por la magistrada argentina Servini, dejando en
evidencia la pretensión del Ministerio Público de evitarlas a través de
una instrucción de obligado cumplimiento -enviada a los fiscales en la
línea del ideario del PP-, los nueve ayuntamientos reunidos hoy en la
capital navarra van a proclamar que la promoción de las querellas no se
basa en un afán de revancha, sino en “la exigencia humana de verdad,
justicia y reparación”.
Un trato pendiente por ejemplo para las 306
personas asesinadas y las 1.014 presas por el cruel régimen franquista
en Pamplona-Iruña, de acuerdo el informe pericial de la UPNA que
cimentará las acciones judiciales del consistorio en demanda de la
asunción de responsabilidades por los dirigentes de la dictadura y,
subsidiariamente, por el Estado español. Una iniciativa más que
pertinente porque, incluso más de cuarenta años después de otros tantos
de infausto franquismo, el Gobierno de Rajoy va a continuar ignorando
aquellas dramáticas injusticias -que el PP como mínimo disculpa
deslegitimando la República-, como si la memoria pudiera prescribir y
las víctimas del totalitarismo falangista hubieran merecido el inmenso
daño padecido.
Fuente: noticiasdenavarra.com
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