Supongamos un país que mantiene en situación de rehén a una población de más de 4 millones de personas
solo por razón de su naturaleza étnica y religiosa, en un territorio
ocupado ilegalmente a punta de fusil. Y que lleva haciéndolo 50 años
desoyendo reiteradamente los llamamientos y condenas de los organismos
internacionales de derechos humanos.
Un país que instala una extensa red de poblaciones doblemente
ilegales en territorio ocupado, en forma de recintos habitados por
cientos de miles de colonos, aislados respecto a la población autóctona
y conectados mediante una red exclusiva de infraestructuras,
confiscando para ello las tierras y cercenando la continuidad geográfica
del país invadido, expoliando sus recursos naturales, en primer lugar
el agua, y ahogando su viabilidad económica.
Imaginemos que ese país practica la opresión y represalia sistemática
sobre la población civil colonizada, por ejemplo mediante la
destrucción de viviendas y medios de subsistencia de los familiares y
vecinos de quienes responden con actos de resistencia o confrontación
desesperada.
País ese que administra arbitraria y restrictivamente la libertad de movimiento de la población ocupada, incluso de personas gravemente enfermas que requieren atención solo disponible más allá del territorio ocupado y cercado, hasta el punto de dejar morir a quien rechaza el chantaje de delatar a cambio de tratamiento médico.
Pues bien, siguiendo con el ejercicio, ¿resultaría imaginable que un país que actuara así no solo
gozara de total impunidad, sino que fuera admitido y respetado en los foros ‘democráticos’ internacionales sin rechistar?
Más aun, ¿sería posible que tal país fuera históricamente el mayor
receptor de ayuda militar de la que pretende ser gran reserva occidental
de los valores democráticos, los Estados Unidos, y que en estos
mismos días esta potencia le hubiera beneficiado con ‘el mayor acuerdo
militar de su historia’?
Pues increíblemente la respuesta a estas preguntas es sí: no solo es
imaginable y posible, sino un hecho en ambos casos. Y, sí, lo ha
adivinado, el país imaginario es real y se llama Israel.
Y es también un hecho igualmente lamentable que esta prolongada y sistemática violación de los derechos más elementales,
cargada además de odio xenófobo y supremacista, así como la reiterada
hipocresía cómplice de occidente, no reciben apenas atención por parte
de los adalides de los valores democráticos, sean estos medios de
comunicación o ‘líderes’ políticos, en contraste con la que suscita, por
ejemplo en nuestro país, la situación en Venezuela.
Desde La Comuna, como asociación de ex-represaliados del
franquismo en pie por la exigencia de una justicia aún debida y negada,
sentimos una especial simpatía solidaria hacia la situación de los
presos y presas palestinos en cárceles israelíes. No hay en
esta columna espacio para describir adecuadamente la arbitrariedad y
crueldad que aplica Israel a la población palestina encarcelada por
motivos políticos, que se eleva a unas 7.000 personas. Solo se pueden
ofrecer algunos trazos generales.
La asociación pro derechos humanos de los presos palestinos
(PHROC-ADDAMEER) estima que desde la ocupación de Cisjordania y Gaza en
1967, unos 800.000 palestinos, o lo que es lo mismo, un 20% de la
población total, han sido encarcelados en algún momento por Israel. Actualmente
hay unos 400 niños presos; y más de 700 presos se encuentran bajo
‘detención administrativa’, una figura legal contraria a cualquier
noción de un estado de derecho utilizada de forma creciente por
el gobierno israelí que permite privar de libertad sin proceso y sin
acusación concreta durante tiempo indefinido.
Un informe del Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones
Unidas del mes de mayo pasado exige al gobierno israelí poner término a
la práctica de las detenciones administrativas, así como
asegurar que todas las personas actualmente sujetas a esa medida reciben
las garantías jurídicas básicas. Pero no hay duda de que Israel
ignorará una vez más los pronunciamientos internacionales.
La represión política israelí se asienta por una parte en la negación
de los derechos civiles palestinos, por lo que prácticamente toda forma
de organización o expresión social o política de esta población es
considerada ilegal y motivo de detención; y por otra en la impunidad con
la que se emplea con crueldad contra los prisioneros, privados de
derechos, de atención sanitaria y de condiciones humanas, y sujetos a
torturas en los interrogatorios en los centros de detención, bajo el
principio de que se trata de enemigos del estado de Israel, ciudadanos
en definitiva de segunda y sospechosos simplemente por su condición de
palestinos.
Las cifras de prisioneros palestinos que mueren en las cárceles son
escalofriantes: un total de 203 acumulados según las organizaciones
humanitarias, de los que 71 lo han sido por torturas, 51 por falta de
atención médica, 74 asesinados en algún momento entre su detención y la
entrada en prisión, y 7 directamente tiroteados en sus celdas.
Uno de los últimos presos asesinados es Abu al-Iz Halaweh, miembro de las Brigadas Mártires de Al-Aqsa, de Nablus, golpeado hasta morir
a finales del pasado mes de agosto en el centro de detención de Juneid.
En la foto adjunta de Halaweh, difundida por twiter, se puede hacer una
idea del trato conducente a su fallecimiento.
En ese contexto, los presos palestinos luchan a menudo a la
desesperada con las únicas armas que les quedan, esto es, con sus vidas.
Estos son algunos ejemplos de ahora mismo:
Mahmoud Al-Balboul, 22 años, sicólogo de Belén, en huelga desde el 4 de julio, actualmente en una unidad de cuidados intensivos.
Mohamed Al-Balboul, de 25 años, dentista y hermano
de Mahmoud, en huelga de hambre desde el 7 de julio y víctima de malos
tratos, también se encuentra en cuidados intensivos, ha perdido la
visión y ha sido amenazado por el personal médico con alimentarle a la
fuerza.
Malek Al-Qadi, estudiante de medios audiovisuales de 20 años, en huelga desde el 15 de julio y en condiciones penosas, está siendo alimentado a la fuerza.
Para finalizar, me gustaría lanzar al aire una pregunta ingenua: ¿cuándo
podremos ver a alguno de nuestros ex-presidentes viajando a Israel y
Palestina para interesarse por las flagrantes y persistentes violaciones
de los derechos humanos cometidas contra la población árabe?
integrante de La Comuna
Fuente: Público.es
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