Alianza Popular (AP), partido previo al Partido Popular de Aznar y Rajoy, fue fundado por exjerarcas franquistas. El programa de AP era la unidad de la patria, el orden público, la familia, la monarquía, la libre empresa (así llaman al capitalismo desaforado), la educación en manos de la Iglesia católica y la moral sexual reprimida. Como en las elecciones AP no conseguía votos ni para pipas, Fraga Iribarne, uno de sus fundadores y ministro de Información con Franco, impulsó un intenso maquillaje de la franquista AP.
Y así, en un congreso de refundación en 1989, Alianza Popular pasó a
llamarse Partido Popular. Mismos perros con diferentes collares. Pero
antes, en octubre de 1976, el acto fundacional de Alianza Popular
finalizó con todos los asistentes (cargos luego del PP) coreando en pie
“Franco, Franco, Franco”. Esclarecedor.
Según la legalidad internacional que emana de la ONU, el franquismo
fue ilegal por alzarse en armas contra el gobierno legítimo de la
República. La Resolución 39 (I) de Naciones Unidas del 9 de febrero de
1946, aprobada por unanimidad por la Asamblea General, afirma que el
régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español. Según la
ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y
contra la humanidad. Y, según la Resolución de la ONU del 2 de octubre
de 1997, el franquismo violó sistemáticamente el derecho de las víctimas
de la represión y de sus familiares. Y aun después, el 17 de marzo de
2006, la Comisión Permanente del Consejo de Europa aprobó unánime la
condena de la dictadura franquista por “múltiples y graves violaciones”
de derechos humanos perpetradas en España por la dictadura de 1939 a
1975. La condena afirma que “hay pruebas suficientes de graves y
numerosas violaciones de derechos humanos, cometidas por el régimen
franquista, y asumir el pasado no es sólo retirar símbolos de la
dictadura de lugares públicos. Ha de haber un juicio del régimen
franquista que desemboque en una condena sin ambigüedad”.
Las atrocidades del franquismo fueron perpetradas hasta los años
cincuenta por el ejército golpista y Falange, y justificadas por la
Iglesia católica. Fue en verdad una estrategia de tierra quemada, un
genocidio y, a medida que en la guerra el ejército franquista
conquistaba pueblos y ciudades, detenía a los republicanos y casi
siempre los fusilaba. Es significativo que uno de los colectivos más
perseguidos y asesinados por los franquistas fueran los maestros de
escuela, impulsores de la lealtad a la República.
Alberto Garzón nos recordó que en este país hubo campos de
concentración, miles de juicios sumarísimos y durante años fusilamientos
diarios de quienes defendían la democracia. Y hoy hay unos 150 mil
desaparecidos cuyos restos el gobierno del Partido Popular se niega a
buscar y dificulta la búsqueda por sus familiares. España es el segundo
país del mundo en desaparecidos forzados, sólo superado por Camboya. Eso
marca también al Partido Popular como heredero directo del franquismo.
El franquismo fue un sistema totalitario que devino autoritario y
continuó siendo criminal en el último tramo de su nefasta existencia. En
nuestros días, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU
exigen investigar los crímenes franquistas. Amnistía y la ONU exigen
también derogar la ley de amnistía de 1977 que exculpó a los franquistas
criminales de guerra y de lesa humanidad, algunos hoy o hasta hace un
tiempo cargos públicos, catedráticos, empresarios…
“El franquismo no fue una dictadura que acabara con la muerte del
dictador”, escribió el investigador Alfredo Grimaldos, “sino una
estructura de poder que se integró en la monarquía” y por eso no hubo
cambios del aparato político y administrativo de la dictadura. Políticos
franquistas dirigieron también la transición. Dirigentes franquistas de
la policía, judicatura y ejército continuaron en sus puestos o
ascendieron en el escalafón y los jueces del fascista Tribunal de Orden
Público pasaron a ser magistrados de instituciones judiciales de la
democracia. Incluso, los torturadores de la Brigada Político-Social
continuaron en sus cargos de la policía.
Y, si aún hay quien dude de lo que afirma el título, recuerde que la
llamada Ley Mordaza y la reforma el Código Penal, ambas perpetradas por
el Partido Popular, convierten al disidente político y a quien protesta
en delincuentes. Características definitorias de los regímenes de
Mussolini y Hitler, por ejemplo.
Los pueblos de España tienen una asignatura pendiente: borrar hasta el último resto de franquismo.
Fuente: Excelsior
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