“Amnistía Internacional ha documentado extensamente que las
autoridades españolas no están investigando los crímenes de derecho
internacional cometidos en esa época, especialmente desde el fallo del
Tribunal Supremo de febrero de 2012. Ahora la Fiscalía General cierra la
puerta a la colaboración española con terceros países para que estos
crímenes sean investigados. Todo esto, incumpliendo de manera flagrante
con las obligaciones contraídas internacionalmente”, sostiene Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
La Fiscalía, en su orden interna, para justificar la imposibilidad de
investigación y su no colaboración, vuelve a referirse a la
jurisdicción preferente de España en estos casos, la prescripción de los
delitos, el posible fallecimiento de los presuntos autores, la vigencia
de la Ley de Amnistía y de la Ley de Memoria Histórica. Ambas
organizaciones se han dirigido a la Fiscalía General del Estado
recordándole que con esta medida el Estado español está incumpliendo
obligaciones internacionales.
Jurisdicción preferente
Contrariamente a lo que se expresa en la orden mencionada, España no tiene jurisdicción preferente respecto a Argentina u otro Estado para investigar crímenes de derecho internacional. El derecho internacional faculta por igual a todos los Estados a invocar el principio de jurisdicción universal, sin restricciones basadas en el territorio, la nacionalidad o los intereses nacionales. Todos los Estados están llamados a actuar contra la impunidad de dichas violaciones de derechos humanos.
La prescripción de los delitos es sólo aplicable a hechos denunciados
como delitos comunes u ordinarios, no a los crímenes de derecho
internacional como crímenes de guerra, la tortura o la desaparición
forzada. En este sentido el Comité de Derechos Humanos ha recordado a
las autoridades españolas que estos delitos no prescriben.
El argumento de la improcedencia de la investigación por la muerte de
los presuntos responsables es también erróneo. Su eventual
fallecimiento no exime al Estado de su obligación de investigar los
crímenes de derecho internacional. Los Estados además tienen que
garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de los pueblos, y el
derecho a una reparación. En el caso de la “querella argentina” se ha
pedido la extradición de 19 personas vivas, presuntamente implicadas en
este tipo de crímenes, y la justicia española no está colaborando.
Invocar la aplicación de la Ley de Amnistía para obstaculizar la
investigación de crímenes de derecho internacional vulnera el derecho a
un recurso efectivo recogido en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, así como el principio por el cual ningún Estado
puede acogerse a su propia legislación para incumplir un tratado del que
forma parte. Además en esta línea el Comité de Derechos Humanos ha
recordado a las autoridades españolas que: “las amnistías, indultos y
otras medidas similares que impiden que los autores de graves
violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales
son incompatibles con las obligaciones de todo Estado de investigar los
crímenes, de garantizar un recurso efectivo, y del derecho a ser oído
por un tribunal con todas las garantías”.
La Ley de Memoria Histórica no consagra el derecho a saber ni puede
suplir la investigación judicial exhaustiva de crímenes de derecho
internacional; tan sólo prevé el derecho a la memoria, limitado al
ámbito privado, y la declaración de ilegitimidad de los tribunales y
sentencias de carácter político durante la Guerra Civil y el franquismo.
Por tanto, no garantiza el derecho a la verdad ni a la justicia. Para
garantizarlos, los hechos deben esclarecerse en el proceso penal.
#JusticiaPorNavidad
Amnistía Internacional ha presentado este 23 de noviembre de 2016 la
campaña denominada #JusticiaPorNavidad con un emotivo anuncio para
exigir al Gobierno español que investigue los casos de las miles de
personas desaparecidas forzosamente durante la Guerra Civil y el
franquismo, y para recordarle que sus familias siguen esperando
justicia. A través de la voz de tres testimonios, la campaña exige que
estos crímenes sean investigados en España y que el Gobierno colabore
con las investigaciones abiertas fuera de nuestras fronteras.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional, de cara a que se apoye investigaciones de los
crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, pide:
Al nuevo Gobierno español:
Que adopte medidas inmediatas para conseguir verdad, justicia y reparación, aplicando plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación a la Ley de Amnistía, a la Ley de Memoria Histórica y a la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional
Colaborar plenamente en cualquier procedimiento penal con los tribunales extranjeros que, en virtud del principio de jurisdicción universal, investiguen los crímenes de derecho internacional cometidos en España, con independencia de que estos crímenes se investiguen por las autoridades españolas.
Al Poder Judicial que:
Confirme en sus fallos que los crímenes de derecho internacional no se hallan sujetos ni a amnistía ni a prescripción.
A la Fiscalía General del Estado que:
Se modifique la orden anteriormente citada para pedir a las Fiscalías territoriales que no se opongan al cumplimiento de diligencias de auxilio judicial formuladas por la justicia argentina y se ordene la colaboración con cualquier Estado para investigar los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado.
A la ciudadanía:
Que exija al Gobierno, a través de la campaña #JusticiaPorNavidad, que cumpla con las recomendaciones de Amnistía Internacional para que se investiguen los crímenes ocurridos en ese periodo y se colabore con las investigaciones abiertas fuera de nuestras fronteras.
Más información
En abril de 2010, víctimas del franquismo interpusieron una querella
en Argentina. La investigación se abrió en aplicación del principio de
jurisdicción universal.
En dos ocasiones, España ha rechazado las solicitudes de extradición a
Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de
derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo. Con
anterioridad a las solicitudes de extradición, las autoridades
judiciales argentinas solicitaron información en dos ocasiones. La
Fiscalía se negó a facilitar dicha información, asegurando que España
estaba investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas.
Igualmente, España ha impedido los intentos de interrogatorio de la
jueza argentina María Servini de Cubría a los 19 acusados, así como las
declaraciones de las víctimas. En este contexto la orden interna del la
Fiscalía General instruye a los fiscales para que no colaboren con la
justicia argentina, no facilitando que se tome declaración a los
imputados así como a algunas víctimas y testigos.
Fuente: periodistas-es.
Fuente: periodistas-es.
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